En este apartado recogemos los últimos casos de éxito de nuestro Despacho, existiendo ya una sentencia firme sobre cada asunto expuesto.

– DERECHO BANCARIO:

Nuestro cliente es un empresario que tenía suscrito un contrato de permuta financiera, denominado “Swaps” para cubrir los eventuales riesgos de varios préstamos hipotecarios que gravaban los locales que había comprado para la explotación de su negocio. A diferencia de las habituales cláusulas suelo, este caso resultaba más complejo por cuanto no es de aplicación la Ley de Consumidores y Usuarios, al ser un contrato suscrito en el ejercicio de su profesión.

El citado contrato que se ofreció como cobertura de riesgos de los préstamos hipotecarios suscritos previamente, estaba asociado al tipo del EURIBOR, liquidándose trimestralmente a nuestro cliente los saldos negativos o positivos que correspondieran, en función de las variantes que se iban produciendo. Teniendo en cuenta las bajadas continuas del EURIBOR, nuestro cliente venía abonando trimestralmente la cantidad de 30.000 euros media a la entidad financiera. Es decir, en sólo un año se debían abonar 120.000 euros a la entidad financiera, sin perjuicio de las cuotas ordinarias y con tipo fijo de los préstamos hipotecarios, que ya ascendían a 21.605 euros mensuales.

Por otro lado, la resolución anticipada de dicho contrato Swaps ascendía a una cantidad que superaba los 400.000 euros, cantidad que se calculaba teniendo en cuenta el valor de los préstamos hipotecarios de los inmuebles asociados al contrato referido.

Por todo ello, nuestro cliente se encontraba en una situación de total indefension ante la entidad financiera. Sin embargo, una vez nuestro Despacho analizó el caso con profundidad, y resultando imposible cualquier mediación con la entidad financiera, se presentó Demanda en el Juzgado solicitando la nulidad del contrato Swaps, así como la devolución de las liquidaciones trimestrales que habían sido abonadas por aplicación de dicho contrato.

La sentencia ha estimado todas nuestras pretensiones, con expresa condena en costas para la entidad financiera, declarando nulo el contrato y condenado a dicha entidad a devolver todas las cantidades que fueron abonadas por nuestro cliente por aplicación del contrato referido.

 

 

Recientemente, una vez presentado Recurso de apelación por la entidad financiera, la Audiencia provincial de Málaga ha confirmado la sentencia dictada en primera instancia con condena en costas a la recurrente, debiendo devolver todas las cantidades abonadas por nuestro cliente y los intereses generados, de conformidad con el artículo 1.303 del Código Civil.

 

 

– DERECHO DE SEGUROS. RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN:

 

Nuestro cliente acude a nuestro Despacho para consultarnos si tiene derecho a reclamar una indemnización por daños corporales contra la compañía de seguros del vehículo en el que iba de ocupante por un accidente causado hacía tres años, siendo el responsable del siniestro el propio conductor del vehículo en el que se encontraba.

 

Además de los hechos señalados, la compañía seguros había aportado una serie de informes biomecánicos en los que se negaba cualquier posibilidad de de daños corporal debido a la baja velocidad del impacto cuando se produjo la colisión.

 

Una vez analizado el caso con detenimiento, y después de que fuera valorado nuestro cliente por un perito Médico experto en valoración de daños corporales, se presentó Demanda de reclamación de daños corporales mediante acción directa contra la compañía de seguros del vehículo en el que iba de ocupante, reclamando como tercero perjudicado. Nuestras pretensiones consistían en la reclamación de una Indemnización correspondiente en función de los días de curación y secuelas señalados en nuestro Informe, elaborado por un perito de reconocido prestigio, además el incremento en el porcentaje correspondiente de factor de corrección por encontrase nuestro cliente en edad laboral, los intereses establecidos en el artículo 20 de la Ley de Contrato y Seguro y las costas procesales generadas.

 

La sentencia dictada por el Juzgado ha estimatoria todas nuestras pretensiones, con expresa condena en costas a la compañía de seguros, condenándole a abonar todas las cantidades reclamadas en la Demanda, en base a las siguientes alegaciones planteadas por nuestro Despacho:

 

1.-El ocupante del vehículo puede ejercer la acción directa contra la compañía de seguros del vehículo responsable, como tercero perjudicado.

 

2.-El plazo de un año para la reclamación civil no ha prescrito, puesto que el plazo de prescripción debe iniciarse desde la fecha del alta de las lesiones, y no desde la fecha del accidente. Se aportó un Informe pericial elaborado por un Medico valorado colaborador de nuestro Despacho, donde se acreditaba, además del nexo causal de las lesiones, la fecha en la que el lesionado estabilizó sus lesiones. Por ello, el plazo de prescripción no comienza a computarse hasta que la reclamación de daños corporales sea posbile determinarla.

 

3.- En relación a los informes biomecánicos presentados por la compañía de seguros, conforme declara la jurisprudencia “la entidad de las lesiones derivadas de este tipo de accidentes no viene dada por la aparente gravedad de los desperfectos del vehículo o vehículos implicados, sino por la mecánica característica del denominado ‘latigazo cervical’, que está determinada por la aceleración o desaceleración de la columna vertebral, principalmente de la zona cervical, y en su producción concurren también otros factores como la edad y el sexo de la víctima, condición y características físicas, existencia de patologías previas, situación del cuerpo junto antes del frenazo o colisión…”. “…Esta polémica debe considerarse como muy artificial por la forma en la que se plantea la discusión por las aseguradoras pues las mismas parecen partir de un hecho incuestionable como es la inexistencia de lesiones en todas las colisiones por alcance con escasos daños materiales en los vehículos, cuando en modo alguno dicha afirmación se corresponde con un axioma ni está médicamente acreditado la imposibilidad de que se produzcan lesiones de tipo cervical y no toman en cuenta ni la forma en la que se produce el golpe, lo esperado del mismo por los lesionados, la edad o estado de salud antecedente, etc.”.

 

Por todo ello, la relación de causalidad de las lesiones no debe descartarse sólo por el hecho de que en el vehículo alcanzando hayan existido daños de escasa entidad o de pequeña cuantía en su reparación, pues no existe evidencia científica alguna que justifique la relación entre ausencia de daños materiales y ausencia de lesiones corbporales.

 

 

– RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE UNA S.L.:

 

Nuestro cliente acude a nuestro Despacho para reclamar una importante suma de dinero contra una S.L. después de haber intentado sin éxito el cobro de la deuda. Nos encontramos ante una S.L. que por su propia naturaleza tiene una responsabilidad limitada, sin que a priori puedan responder directamente las personas físicas que la administran.

 

Una vez analizada la sociedad deudora en el Registro Mercantil, comprobamos que dicha sociedad no ha depositado las cuentas anuales en el último ejercicio, por lo que tiene la hoja del Registro cerrada. En base a este incumplimiento de los administradores de la sociedad deudora, y teniendo sospechas de que dicha sociedad se encuentra inactiva, presentamos en nombre de nuestro cliente Demanda en el Juzgado de lo Mercantil contra los administradores directamente reclamando la deuda completa, más los intereses generados las costas procesales del procedimiento que previamente se inició contra la S.L. (Demanda de monitorio y Demanda ejecutiva en vía civil), más las costas del procedimiento mercantil.

La Demanda presentada directamente contra los administradores se fundamente en la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, la cual establece que “ la ley impone a los administradores la responsabilidad solidaria por las deudas sociales, dentro de ciertos límites, en caso de incumplimiento o de cumplimiento tardío del deber de promover la disolución. Y, de forma correlativa, atribuye a los acreedores la posibilidad de dirigirse, en satisfacción de sus derechos, además de contra la sociedad, contra los administradores que hubieran incumplido el antes referido deber.

 

 

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil ha sido estimatoria, condenando directamente a los administradores de la sociedad deudora a abonar a nuestro cliente la cantidad adeudada, añadiendo además los intereses generados, las costas procesales en el procedimiento previo iniciado contra la S.L., y las costas procesales del procedimiento mercantil en base a las alegaciones que fueron planteadas en nuestra Demanda:

 

La sociedad deudora no ha presentado cuentas anuales. Los administradores han abandonado sus obligaciones, incumpliendo con las obligaciones exigidas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, la S.L. deudora tampoco continuó realizado su objeto social,; la sociedad cesó en la realización de su actividad, siendo esta superior a un año. esa responsabilidad de los administradores “no exige la concurrencia de más negligencia que la consistente en omitir el deber de promover la liquidación de la sociedad mediante convocatoria de la Junta o solicitando que se convoque judicialmente cuando sea el caso – y ahora también mediante solicitud de la declaración de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo”. “Se fundamenta, como señaló la sentencia 228/2008, de 25 marzo , en una conducta omisiva del sujeto al que por su específica condición de administrador se le exige un determinado hacer y cuya inactividad se presume imputable.”

 

En base a esta sentencia estimatoria nuestro cliente ha podido cobrar todas las cantidades descritas mediante el embargo directo de los bienes que aparecen a nombre de los administradores de la S.L. deudora.